La impunidad de los corruptos

Es probable que la corrupción de los funcionarios públicos sea lo que más ofende a los ciudadanos.

Los casos de enriquecimiento inexplicable gracias a los recursos públicos llenarían muchas páginas de la historia nacional, ya que no se conocen ni expresidentes ni exgobernadores pobres.

Hoy el tema está sobre la mesa, en especial en estados como Zacatecas, donde se sospecha de saqueo de las arcas públicas por parte de Amalia García y su equipo de gobierno y donde el nuevo régimen ha emprendido ya una amplia investigación para deslindar responsabilidades.

Y también, en los casos de Oaxaca y Puebla, donde sobre los gobiernos salientes pesan grandes sospechas de que dispusieron de recursos públicos para engrosar los bolsillos de la alta burocracia estatal, empezando por los de los gobernadores.

Pero sin duda, lo que indigna más que la disposición de recursos es la impunidad que cobija a los corruptos.

Las sanciones a la corrupción son de carcajada. Un manazo sería más doloroso que la inhabilitación o las sanciones económicos que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En esta norma no hay penas corporales a la corrupción, sólo inhabilitaciones hasta por 20 años o sanciones económicas nada impresionantes.

Es decir, en México, los funcionarios públicos pueden ser corruptos, disponer de recursos públicos, robarse el dinero, manipular licitaciones en beneficio propio, con la seguridad de que el final no será la cárcel, sino cuando mucho, la inhabilitación.

Un caso que apenas inicia es el de las acusaciones contra Amalia García Medina y su equipo de gobierno.

Se sospecha que Amalia García y su equipo de gobierno, hicieron un gobierno corrupto en Zacatecas.

Licitaciones manipuladas a cambio de favores sentimentales, uso de recursos públicos para satisfacer caprichos personales y como muestra están la compra de miles de botellas de tequila con dinero del DIF o el pago a artistas de renombre para satisfacción de la gobernadora y su familia; las obras públicas que terminaron costando cuatro o cinco veces el valor presupuestado y una larga lista de etcéteras.

¿Cuál será la sanción de Amalia García si se comprueba lo que hoy se sospecha?

Es casi imposible que llegue a pisar la cárcel; lo más probable es que sea inhabilitada si el proceso a que está sometida comprueba actos de corrupción.

Y eso es algo que hay que corregir.

No es posible que las leyes no establezcan penas corporales en contra de los corruptos: es decir, cárcel, contra quienes cometan actos de corrupción con recursos públicos; no es posible que se les dé un manazo a quienes manipulan licitaciones públicas para obtener provecho; no es posible que sólo se inhabilite a quienes entran a un puesto con una mano atrás y otra adelante y salen cargados de dinero.

Es indispensable hacer modificaciones legales para establecer penas corporales contra quienes se corrompan en el ejercicio del poder y establecer los procedimientos contra los corruptos para evitar aquello de que “se le juzga por ladrón, no por tonto”, con lo cual se quiere indicar que es casi imposible que a un corrupto inteligente, le vaya mal.

Hasta el próximo lunes con nuevas…PERSPECTIVAS